Barrientos, Irma H. contra Administración Nacional de la Seguridad Social sobre Amparo

La CJSN admitió el recurso extraordinario interpuesto contra la revocación de la resolución que dispuso el cese del descuento practicado en los haberes de pensión de la actora, al concluir el período de emergencia económica previsto en el art. 34 de la Ley Nº 24.018, además de la reformulación de los haberes devengados al momento de la ejecución de la sentencia, ya que al haberse dictado una sentencia firme y consentida que mandaba llevar adelante la ejecución de sentencia, lo decidido importa retrotraer la causa a estadios procesales concluidos, lo cual vulnera las garantías del debido proceso adjetivo y los derechos de defensa en juicio y de propiedad.

28 de Noviembre de 2013 – Corte Suprema de Justicia de la Nación

Barrientos, Irma H. contra Administración Nacional de la Seguridad Social sobre Amparo

Sumarios:

Corresponde declarar procedente el recurso extraordinario ante la revocación de la Cámara de la resolución que dispuso el cese del descuento practicado en los haberes de pensión de la actora, al concluir el período de emergencia económica previsto en el art. 34 de la Ley Nº 24.018, además de la reformulación de los haberes devengados al momento de la ejecución de la sentencia, en tanto al haberse dictado una sentencia firme y consentida que mandaba llevar adelante la ejecución de sentencia lo decidido importa retrotraer la causa a estadios procesales concluidos, lo cual vulnera las garantías del debido proceso adjetivo y sus derechos de defensa en juicio y de propiedad. El instituto de la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional, y por ello no es susceptible de alteración ni aun invocando leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de la sentencia también reviste esa característica en la medida que constituye un presupuesto de la seguridad jurídica. La sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada, no puede una ley posterior a su dictado modificar el derecho acordado a la accionante en un decisorio firme.

Dictamen de la Procuración General de la Nación

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, resolvió hacer lugar al recurso de apelación en subsidio deducido por la demandada y revocar la sentencia interlocutoria del Juez de Grado, dictada en el marco de la ejecución de sentencia. Para así decidir sostuvo que el decisorio que se ejecuta únicamente resolvió la cuestión respecto al cese del descuento practicado en los haberes por el lapso de cinco años, por lo que lo pretendido por la actora, excede los términos de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (v. fs. 323, 325/326, 337).

Cabe señalar, que en su oportunidad, tanto el magistrado de primera instancia, como luego la alzada, hicieron lugar al reclamo de la actora y ordenaron la reformulación de los haberes devengados a partir de enero de 1997, debiendo recalcularlos al 75% del 82% de las remuneraciones correspondientes a la actividad del causante del beneficio de la accionante, sobre su haber de pensión (v. fs. 50/52, 7~175).

Contra el pronunciamiento de fs. 337 interpuso la actora recurso extraordinario federal, el que denegado, dio lugar a la interposición de la presente queja (v. fs. 341/347, 351 Y 17/21 del respectivo cuaderno).

La apelante atribuye arbitrariedad a la sentencia. Sostiene puntualmente que: 1) el fallo es autocontradictorio; 2) no son congruentes los fundamentos brindados por el sentenciante en los considerandos del fallo con la decisión lila que se arriba, lo que lo descalifica como acto jurisdiccional válido; 3) al así decidir, el a quo  restringió los alcances de la sentencia firme dictada al su favor en ambas instancias, con lo cual vulneró el alcance de la cosa juzgada; 4) la liquidación presentada, aprobada y cuya ejecución se encuentra en discusión cumple taxativamente con lo dispuesto en la resolución recaída en la causa; 5) el decisorio en crisis lesionó la garantía de movilidad de las prestaciones de la seguridad social que consagra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, como así también afectó el derecho de igualdad ante la ley y violentó la “teoría de los actos propios”.

Concluye señalando que lo decidido, en el contexto procesal de la causa, al existir una sentencia firme y consentida que manda llevar adelante la ejecución, importa retrotraer la causa a estadios procesales concluidos, lo que vulnera el debido proceso y el derecho de defensa en juicio que le asiste, afectando clara e incuestionablemente su derecho de propiedad, todos ellos de raigambre constitucional.

En dicho marco, cabe señalar que la actora inició acción de amparo contra la Administración Nacional de la Seguridad Social a los efectos de que se la condene a restablecer la movilidad del haber reconocido por el art. 33 de la Ley 24.018, base de cálculo de su beneficio de pensión, a partir de enero de 1997 en que cesó el plazo de cinco años de emergencia económica establecido por el art. 34 de la citada normativa que suspendiera dicho beneficio. A tal fin peticionó se le abone 75% del 82 % móvil, sin topes limitativos, del cargo de actividad del causante, para el presente y para el futuro, respecto de su beneficio de pensión, condenándola también al pago de todas las diferencias devengadas desde dicha fecha, con más sus intereses hasta el efectivo pago (v. fs. 15/21).

El magistrado de primera instancia hizo lugar al amparo y condenó al ANSeS a reformular los haberes de pensión de la actora devengados a partir de enero de 1997, recalculándolos de conformidad con lo peticionado y de acuerdo con la ley vigente al momento de la obtención del beneficio. Apelado el decisorio la Sala II, de la Cámara Federal de la Seguridad Social, resolvió confirmar la sentencia del juez de grado con excepción de las costas que le impuso a la vencida (v. fs. 50/54′ 73175).

A fs. 186/187 obra la pertinente liquidación practicada por la actora conforme las pautas del decisorio y documental de fs. 168/170, corrido el traslado de ley, la condenada ni impugnó ni observó ésta, por lo que resultó aprobada por el Magistrado de la causa, en cuanto ha lugar por derecho, a fs. 198. A posteriori, la accionada interpuso recurso de apelación contra dicho pronunciamiento, el que concedió, fue luego declarado desierto (v. fs. 213, 250, 252).

Ante los reiterados incumplimientos de la demandada a las intimaciones cursadas, el juez dispuso mandar llevar adelante la ejecución, condenando a la ANSeS a liquidar las diferencias retroactivas correspondientes, por el monto resultante de la liquidación aprobada de fs. 186/187 (v. fs. 287/288). Contra dicho decisorio dedujo la vencida recurso de apelación, el que fue rechazado por ex temporario (v. fs. 293, 295).

Con carácter previo a proseguir con el trámite de ejecución previsto por el art. 505 del C.P.C.C.N., la actora peticionó se intimara al Gerente de la UCADEP, para que, en forma personal tomara la intervención que en el ejercicio de sus funciones le compete haciéndole, abonar el haber mensual actualizado del beneficio N° 16-5-0039907-0-4, Y la totalidad de las diferencias pendientes de pago, con más los nuevos devengamientos generados hasta la fecha del efectivo pago. Efectuada la intimación, la demandada contestó el traslado e impugnó nuevamente la liquidación oportunamente aprobada por sentencia firme v. fs. 299, 305-.

A fs. 323 el magistrado de la causa, rechazó la impugnación formulada por la demandada porque estimó que las resoluciones que se pretendían atacar pasaron en autoridad de cosa juzgada. Apelado el pronunciamiento por la accionada la Alzada resolvió revocar el decisorio de grado conforme se señala ab initio.

Cabe señalar en primer término, que la decisión del a quo pone fin a lo discutido y le causa a la recurrente un agravio tal que la equipara a una sentencia definitiva, circunstancia que justifica apartarse de la conocida jurisprudencia de V.E. según la cual las resoluciones dictadas en los procesos de ejecución de sentencia y tendientes a hacerla efectiva, no son el fallo final requerido para la admisión de la vía del art. 14 de la Ley Nº 48 (v. Fallos: 323:3009; 329:502; 330:3426, entre otros).

Entiendo que este extremo se verifica porque lo decidido importa un apartamiento palmario de la sentencia dictada, en términos que, por afectar la cosa juzgada, causan lesión a derechos protegidos por garantías constitucionales (v. Fallos: 319:1885; 320: 834; 323:2740, entre otros).

Asimismo, V.E. tiene dicho, reiteradamente, que procede el recurso extraordinario no obstante que los agravios del apelante, fundados en la arbitrariedad de la decisión, remitan al examen de cuestiones fácticas, de derecho común y procesal, si el decisorio no ha atendido siquiera mínimamente las argumentaciones propuestas cuyo tratamiento era esencial para la adecuada solución del caso, y se ve privada así de una adecuada fundamentación (v. Fallos: 310:1761; 312:1150; 314:1366; 318:634; 326: 3734, 4685, entre muchos otros-); más aún cuando lo decidido desatiende los fines tuitivos de la legislación previsional (v. Fallos: 317:70, 946 entre otros).

En dicho marco, estimo le asiste razón a la recurrente, en cuanto sostiene que el fallo de la alzada carece de fundamentación suficiente, que es auto contradictorio y que se apartó de las constancias de la causa, pasadas en autoridad de cosa juzgada, al hacer lugar a la impugnación de la demandada introducida extemporáneamente.

Al respecto, cabe señalar, que el magistrado de primera instancia a fs. 323, rechazó la impugnación formulada por la demandada porque estimó que las resoluciones que se pretendían atacar habían pasado en autoridad de cosa juzgada. En efecto, la sentencia de fs. 50/52, ordenó el cese de la reducción de haberes y la reformulación del beneficio reajustándolo ante cada aumento en las remuneraciones de los activos  lo que fue confirmado por la alzada a fs. 73/75-. En relación a lo manifestado por la accionada con respecto a que la Ley Nº 24.018 fue derogada por la ley 25.668 a partir del 10 diciembre de 2002, se señaló con acierto en la decisión, que lo dispuesto en la sentencia que se ejecuta ha pasado en autoridad de cosa juzgada, no pudiendo una ley posterior a su dictado modificar el derecho acordado a la accionante en un decisorio firme que nunca fuera cumplido por la ANSeS, a pesar de las reiteradas intimaciones cursadas a lo largo de todo el expediente iniciado en septiembre de 1999.

En dicho marco, soy de opinión que en la instancia procesal en que se encuentran las actuaciones no puede la demandada intentar introducir nuevamente la impugnación a la liquidación, que como señaláramos quedó firme y consentida por su propio accionar negligente; de lo contrario estaríamos retrotrayendo la causa a etapas recluidas.

V.E. ha señalado en reiterados casos que el instituto de la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional, y por ello no es susceptible de alteración ni aun invocando leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de la sentencia también reviste esa característica en la medida que constituye un presupuesto de la seguridad jurídica (v. Fallos: 311:495; 317:992; 321:1757, entre otros).

Por todo lo expuesto, considero que al así decidir, el a quo, vulneró derechos y garantías de raigambre constitucional, privando a la actora de la readecuación de su prestación, con evidente desconocimiento del derecho reconocido por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que asegura el otorgamiento por parte del Estado Nacional de los beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable.

En atención a lo expuesto y dado el estado de salud de la actora y el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso, de considerarlo V.E. pertinente en uso de las facultades previstas por el art. 16 de la Ley Nº 48, opino que corresponde revocar la sentencia de conformidad con lo expuesto y argumentos aquí desarrollados.

Buenos Aires, 2013.-

M. Alejandra Cordone Rosello

Corte Suprema de Justicia de la Nación I.- Que en el marco de una ejecución de sentencia, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó la resolución de la instancia anterior que, al rechazar los planteos de la ANSeS, había dejado establecido que la sentencia definitiva había dispuesto el reajuste de las prestaciones y que las impugnaciones realizadas por la demandada respecto de la liquidación aprobada eran extemporáneas. II.- Que, a tal efecto, la cámara sostuvo que el pronunciamiento en ejecución se había expedido únicamente respecto de la cuestión referente al cese del descuento practicado en los haberes de la pensionada por el lapso de cinco años, de conformidad con lo establecido en el art. 34 de la Ley Nº 24.018 en que el causante había quedado encuadrado, por lo que la liquidación del posterior reajuste intentada por la actora excedía los términos de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (fs. 337 de los autos principales) . III.- Que contra ese fallo interlocutorio, la demandante dedujo el recurso extraordinario cuya denegación dio origen a la queja en examen (fs. 341/347, 351 del principal y 17/21 de la presentación directa). Sostiene que los fundamentos dados por el a quo  restringen los alcances de la sentencia firme dictada a su favor en ambas instancias, vulnerando la cosa juzgada; que la liquidación aprobada cumple con lo dispuesto en el fallo definitivo y que al haberse dictado una sentencia firme y consentida que mandaba llevar adelante la ejecución, lo decidido importa retrotraer la causa a estadios procesales concluidos, lo cual vulnera las garantías del debido proceso adjetivo y sus derechos de defensa en juicio y de propiedad. IV.- Que en el juicio de amparo que dio lugar a la sentencia que se procura ejecutar, la actora no sólo había solicitado el cese del descuento practicado en sus haberes de pensión, por haber concluido el período de emergencia previsto en el art. 34 de la Ley Nº 24.018, sino que también había requerido el restablecimiento de la movilidad de sus prestaciones, pretensiones que fueron acogidas favorablemente por el juez de primera instancia, que ordenó la reformulación de los haberes devengados a partir de enero de 1997, con sujeción al 75% del 82% de las remuneraciones correspondientes a la actividad del causante, sentencia que fue confirmada por la alzada con sustento en la vigencia de la Ley Nº 24.018 (fs. 50/52 Y 73/75). V.- Que lo expresado demuestra que lo decidido importa un apartamiento palmario de la sentencia definitiva en ejecución, en términos que afectan la cosa juzgada y causan lesión a derechos protegidos por garantías constitucionales (Fallos: 319:1885; 320:834; 323:2740, entre otros). VI.- Que por tales razones, el fallo recurrido puede ser equiparado a una sentencia definitiva y los agravios formulados a su respecto suscitan cuestión federal para su consideración por la vía intentada, ya que aunque los temas que se debaten son de naturaleza procesal, propias de los jueces de la causa y ajenas -como regla y por su naturaleza- al remedio del art. 14 de la Ley Nº 48, el a quo  ha pasado por alto que la liquidación presentada por la actora en la causa reflejaba los incrementos por movilidad producidos en las prestaciones con posterioridad a la fecha de la sentencia definitiva, y la aprobación de dicha cuenta quedó firme y consentida por haber omitido la ANSeS impugnaría en tiempo y forma (fs. 198, 252, 287/288 y 295) . VII.- Que, en tales condiciones, ha quedado demostrado el nexo causal directo e inmediato entre lo decidido y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15 de la Ley Nº 48), de manera tal que corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, sin que ello implique abrir juicio sobre el alcance temporal que cabe asignar a la movilidad fijada en el fallo en ejecución, tema planteado con carácter subsidiario por la ANSeS en su apelación de fs. 325, sobre el que deberá expedirse la alzada y sentar las bases para las liquidaciones posteriores a la que ya fuera aprobada. Por ello, habiéndose dado vista de la causa a la señora Procuradora General de la Nación, el Tribunal resuelve: Declarar formalmente admisible la queja, procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por medio de quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado. Con costas. Agréguese la queja al principal, notifíquese y devuélvase. Elena I. Highton de Nolasco – Carlos S. Fayt – Juan C. Maqueda – Eugenio R. Zaffaroni – Carmen M. Argibay – Enrique S. Petracchi

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